R. Basante y C. del Castillo
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La contención del gasto es buena y añadamos que para un mejor control del
mismo,
evidentemente,
no podemos desconsiderar el porqué tiramos
medicamentos. Sin duda desde el punto de vista económico no nos lo podemos
permitir, aunque de hecho se haga, sin embargo desde una perspectiva ética el
hecho de desperdiciar un bien tan necesario y costoso nos permite reflexionar
sobre si se están realizando de forma correcta los objetivos propuestos tanto a
nivel nacional como internacional.
Por otro lado es importante destacar que los residuos de medicamentos
ponen de manifiesto los preocupantes costes de destrucción de productos
desechados sin utilizar o de unidades excedentes de las pautas terapéuticas
establecidas, que no sólo confirman la necesidad de mejorar la eficiencia en el
proceso de prescripción, dispensación y uso de medicamentos, sino que alertan de
los preocupantes costes medioambientales derivados.
El deterioro del medio ambiente es un problema bastante común en la
época actual ya que además de producir efectos adversos, irremediables en
muchos casos, supone un gasto económico considerable para los Estados
comunitarios. El derecho a un medio ambiente sano es considerado como un
derecho de tercera generación que engloba a un conjunto de derechos de
aparición reciente, producto de acuerdos de la comunidad internacional como es el
caso de los tratados internacionales (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículos 22, 25 y 27, Pacto Internacional para los Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, art. 1, 6, 7, 11, 12, 13 y 15 Convención Internacional para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 2 y 14). De hecho
nuestra carta magna en su artículo 45 establece que:
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que
la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la
obligación de reparar el daño causado.”
En este contexto internacional nace el Sistema de gestión de calidad
adecuada de residuos de envase (SIGRE) como una entidad sin ánimo de lucro
creada para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos
de medicamentos de origen doméstico.
Su puesta en marcha fue promovida en 2001 por los laboratorios
farmacéuticos y cuenta con la participación activa de las oficinas de farmacia y las
empresas de distribución farmacéutica.
