A. M. Pascual-‐Leone
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La segunda, y para mi fundamental, es que a la investigación y a los
investigadores no se les pueden aplicar criterios esencialmente burocráticos en lo
que tanto para lo bueno como para lo malo tiene la connotación de Funcionario y
el peso que sobre ellos tiene el Ministerio de Administraciones Públicas .
Llevo años, décadas, combatiendo esa situación, herencia de una situación
coyuntural en que había que dar reconocimiento administrativo, dentro del sector
público, a la profesión de investigador científico y que fue utilizada sin duda
oportuna y sabiamente por el Ministro Lora-‐Tamayo. Pero las condiciones de
contexto han cambiado mucho y así deberían haber evolucionado las condiciones
de la carrera profesional de los que trabajan en investigación si existieran
culturas: científica , tecnológica e innovadora, entre los políticos y los decisores
administrativos, incluyendo a nuestros parlamentarios. Incluso en la propia
sociedad, aunque hoy hay datos demoscópicos alentadores a este respecto, ya que
las encuestas de valoración de las instituciones han venido reconociendo a los
científicos con muy altas puntuaciones, generalmente ocupando el segundo lugar
tras los médicos a los que han sobrepasado en la última de la que tengo
conocimiento, publicada a final de año en el periódico
El País
. Estimo que estos
datos justificarían plena y socialmente decisiones en la dirección de crear un
estatuto especial para los científicos.
Pero cuando mi batalla alcanzó el punto culminante fue durante el debate
articulado alrededor de la elaboración de la nueva Ley, recientemente aprobada y
ya vigente, la denominada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Tuve la
oportunidad gracias a la generosidad de la ministra Doña Cristina Garmendia de
formar parte del Comité de Expertos que trabajó en la elaboración de la Ley. Hubo
mucho esfuerzo respecto a este tema y todo en vano. En un debate posterior,
celebrado en la sede de un partido político, que fue dirigido y presidido por el
entonces Secretario de Estado de Investigación, D. Felipe Pétriz, volví a repetir mi
reflexión y mi reclamación. El Secretario de Estado concluyó, si no me falla la
memoria, “Emilio Muñoz no quiere ser funcionario”. Creo que la conclusión no era
muy acertada, ya no ha habido más intervenciones y la ley está ahí, en lo que
considero una nueva oportunidad perdida pero aprobada unánimemente por el
Parlamento. Tengo muy claro lo que reclamo y que considero sería una
contribución interesante para el proyecto de una España que dice-‐ que dijo sería
más exacto decir si se me permite el retruécano porque ya parece haberse
olvidado-‐ que quiere cambiar el modelo productivo.
Por cierto un comentario respecto a lo de la condición de “puesto de por
vida”, esa es la situación que se alcanza en Estados Unidos cuando alguien que ha
seguido el “tenure track,” lo supera y consigue el “tenure”, alcanza la estabilidad de
por vida en la institución en la que lo ha realizado.. Un país que no cree en la
estabilidad de los puestos y patria del liberalismo bien entendido creó una fórmula
